Marta de Pablos / SEGOVIA
La Ley General de Telecomunicaciones del Gobierno extenderá a todos los hogares de nuestra comunidad el acceso a Internet por banda ancha ultrarrápida. Se estima que su desarrollo requiere una inversión de 375 millones hasta 2020 y creará unos 5.000 puestos de trabajo en el sector.
La nueva Ley busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias para el desarrollo de esta economía digital, eliminando barreras y fomentando la competitividad y la protección del usuario. Entre las novedades, se simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias. Además, la nueva Ley asegura la unidad de mercado y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles.
El proyecto de Ley actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, como lo son la penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes. Además, se mejora la protección al usuario.
El proyecto va dirigido a consolidar el uso de Internet en la población de Castilla y León, donde más de 1.713.500 ciudadanos los utilizan actualmente con frecuencia. A garantizar la permanencia de las 1.118 empresas de la región.
Asimismo, el desarrollo en Europa de la banda ancha ultrarrápida supondría para nuestra comunidad la creación de cerca de 5.000 puesto de trabajo en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
