ASAJA Castilla y León alarmada por la supresión de los servicios sanitarios en el medio rural

Reyes Santos/SEGOVIA 

La organización agraria ha pedido una reunión urgente con el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, para que aclare las “alarmantes informaciones que se han conocido estos días sobre el traslado y la amortización de plazas de médicos y enfermeras en el medio rural”.

asaja foto 2014-01-29.jpg modificadaHace unos meses se desató la polémica ante la amenaza de suprimir las guardias nocturnas en diferentes comarcas de la Comunidad Autónoma, lo que provocó numerosas movilizaciones de cientos de habitantes del medio rural. Actualmente en nuestros pueblos los servicios sanitarios se prestan un día a la semana, lo que es insuficiente, dado que existe una población envejecida y con una movilidad muy limitada. También son muy  reducidas las especialidades que se prestan en los centros básicos de salud de las cabeceras de comarca y para la mayoría de las pruebas diagnósticas se requiere el desplazamiento a la capital. Además, a este problema se suma el progresivo recorte del trasporte público en el medio rural, lo que se traduce en unos servicios sanitarios mínimos y muchas veces precarios, con lo cual, el añadir más recortes supone una falta de consideración para los vecinos del medio rural. Por este motivo, ASAJA le recuerda al Sacyl y en concreto al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que la sanidad pública y de calidad es un derecho que asiste por igual a los habitantes de Castilla y León, teniendo en cuenta especialmente a los más desprotegidos, que en este caso son las personas mayores. Para ello, piden la implicación de todas las consejerías que al combatir la despoblación deben actuar coherentemente con la defensa de una sanidad de calidad, que garantice la permanencia de los habitantes en la provincia, así como, potenciando la educación, el apoyo a los jóvenes, a las empresas con un transporte público adecuado.

ASAJA solicita al presidente de la Junta que haga una política orientada al desarrollo rural y a los alcaldes que se rebelen contra las decisiones de la Junta que perjudiquen los servicios públicos de los municipios.

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