El Juzgado nº 1 de Segovia estima que Tráfico no puede sancionar por llevar detectores de radar si no acredita su uso

Redacción / SEGOVIA 

Se trata de la primera sentencia de este tipo que se produce en España. El juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Segovia ha estimado íntegramente el recurso promovido por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados ( AEA ) y ha anulado una multa de 200 euros y tres puntos a una conductora al considerar que la simple instalación de un detector de radar en el vehículo no constituye infracción a la Ley de Seguridad Vial. Además condena a la Dirección General de Tráfico a pagar las costas judiciales. 

Los hechos ahora enjuiciados ocurrieron en agosto de 2015, cuando una conductora que circulaba con su turismo por la N-VI, a la altura del kilómetro 62, fue denunciada por una patrulla de la Guardia Civil porque -según la versión del agente denunciante- “pudo observar como en el interior del mismo y concretamente en el retrovisor interior había un mecanismo de detección de radares el cual iba en funcionamiento (…) ya que para activar el detector únicamente bastaba la puesta en marcha del vehículo accionando la llave de contacto”.

Se recurrieron los hechos denunciados y se aportó un certificado de un laboratorio de ensayos que acreditaba que el aparato no era un detector de radar sino un dispositivo de ayuda a la conducción, que no actuaba como un inhibidor ni generaba interferencias en los sistemas de vigilancia del tráfico y que además su encendido y apagado era independiente de la puesta en marcha del vehículo. La conductora puso el caso en manos de los servicios jurídicos de AEA. Ahora la justicia le ha dado la razón y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Segovia ha estimado íntegramente el recurso interpuesto, anulando las sanciones impuestas y condenando además a la Administración al pago de las costas judiciales.

Entre las fundamentos jurídicos que se han tenido en cuenta, la sentencia considera que  “la opinión del agente de la autoridad no puede tener la misma fiabilidad técnica que un laboratorio acreditado” y “dado que la ratificación en el seno del expediente sancionador supone un elemento de valoración, debe ser corroborado por una prueba técnica que desvirtúe la certificación aportada”.

Y de forma concluyente manifiesta los siguiente: Nos encontramos pues ante una sanción, en la que no se ha acreditado que el aparato que iba instalado en el vehículo fuera un aparato capaz de detectar los radares, dado que la certificación de un laboratorio homologado, y sus conclusiones no pueden ser desvirtuados por el análisis simplemente formal del agente de la guardia civil, al ser necesario realizar una inspección del aparato por personal técnico, que acredite si el aparato por el que se sanciona a la demandante, realmente es un detector de radares. Procede la estimación del recurso contencioso-administrativo, declarando no ajustada a derecho la resolución impugnada”

Desde que en 2006 se prohibiera la instalación de los detectores de radares en España y en 2009 el uso de inhibidores, la utilización de dispositivos de ayuda a la conducción ha sido objeto de numerosas controversias jurídicas para determinar si son, o no, legales. Por ese motivo, AEA considera muy positiva la resolución judicial favorable obtenida por sus servicios jurídicos en defensa de los derechos de uno de sus socios porque clarifica lo que puede, o no, ser sancionado cuando se usan dispositivos de ayuda a la conducción.

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