Reyes Santos/SEGOVIA
El objetivo de estas medidas es dar una repuesta activa a la grave situación que atraviesan numerosas familias y personas de la Comunidad actuando en diversos ámbitos como, los colectivos de especial atención, la movilización de las viviendas de titularidad pública, salida al mercado de las viviendas disponibles, fomento del alquiler y adaptación del régimen legal de las viviendas protegidas al nuevo contexto social y económico.
El director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ángel María Marinero, ha explicado que en primer lugar hay un programa de Fomento de Alquiler Social donde la Junta va a actuar como intermediario y todas las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida van a poder acceder al mismo.También, se incluyen medidas con las viviendas públicas de la Junta y Ayuntamientos, donde existe riesgo de desahucio por familias que no pagaban, bien las cuotas de compra o rentas de alquiler, a las que se les ha ofrecido una moratoria en el pago, en función de sus ingresos. Al mismo tiempo, ha añadido, a las viviendas públicas que aún no estaban ni vendidas ni alquiladas, se les ha bajado su precio un 20% en Castilla y León. Asimismo, se contemplan una serie de medidas destinadas a las viviendas protegidas privadas que se encuentran vacías, con una flexibilización para los posibles compradores. En este sentido, se posibilitará la entrada a terceras personas físicas o jurídicas que las puedan comprar con la condición de alquilarlas, durante 5 años, a los que no tengan acceso a las mismas. Todo se cierra con una Reforma general del Régimen de las Viviendas Protegidas que estaba pensado para momentos de bonanza y ahora se hace necesaria una adaptación a la situación actual.
AUDIO.- Ángel María Marinero Director General de Vivienda.
