Marta de Pablos / SEGOVIA
La Plataforma en Defensa de la Estación de Autobuses ha informado de una subasta que se va a celebrar en Madrid el próximo 21 de noviembre, en la que se subastará un inmueble de Segovia, propiedad de Correos. Dicho inmueble tiene una superficie de 800 m2 y está situado en la Estación de Autobuses. La Plataforma hace un llamamiento al Ayuntamiento para que acuda a la cita, y se haga con el inmueble que tiene un precio de salida de 588.830 euros.
Calle Los Barreros.
El Estado pretende desprenderse de un número de inmuebles entre los que se encuentra el de Segovia, situado en la Estación de Autobuses, en la calle de Los Barrenos, junto al taller de automóviles. La Plataforma en Defensa de la Estación ignora si ya existe un acuerdo en la corporación municipal para acudir a la subasta y por eso se dirige a ellos para que acudan.
El precio de salida del local en cuestión es de 588.830 €, y podría tener un descuento del 15 % en segunda convocatoria, lo que no parece un coste exagerado dado el indudable interés que tiene para el Ayuntamiento, apunta la plataforma. En primer lugar, porque podría rentabilizarlo desde el mismo momento de su adquisición, por ejemplo para depósito de los coches retirados por la grúa o para aparcamiento en rotación muy solicitado en esa zona.
Y en segundo lugar, porque los segovianos recuperaríamos parte de un espacio que nunca se debió enajenar ya que, como tantas veces hemos manifestado, se expropió expresamente para dedicarlo a estación de autobuses. Es decir, el actual Concejo tendría la posibilidad de remediar en parte una actuación absolutamente inadecuada por parte de una anterior corporación.
Esta adquisición también supondría el aumento de la cuota de participación del Ayuntamiento a la hora de decidir por ejemplo la remodelación de toda la planta sótano del edificio, llevando a cabo las reformas que considere oportunas para la buena marcha de la infraestructura.
En caso de que el Ayuntamiento no se decida a actuar y pujar por ese espacio, es más que probable que el particular que lo adquiera lo haga con el ánimo de chalanear con el mismo y obligar en un futuro, cuando el Ayuntamiento caiga en la cuenta de su error, a pagar por esos terrenos el triple de su valor, como por desgracia ocurre frecuentemente.
