Marta de Pablos / SEGOVIA
Ecolo Verdes (EQUO) ha trasladado a la subdelegada de Gobierno lo que considera una vulneración de derechos y libertades fundamentales entre los que se encuentra la libre circulación de las personas y el derecho a la intimidad personal y familiar, todo ello como consecuencia de la inacción y dejación de funciones del alcalde del Ayuntamiento de El Espinar, Francisco Jorge. Piden que se proteja estos derechos, se retiren los badenes, barreras…, se garantice la seguridad vial y se de traslado a las instituciones implicadas.
Los Ángeles de San Rafael
EQUO denuncia la inacción o dejación de funciones del alcalde de El Espinar, al permitir que en la única vía por la que se accede al núcleo de Los Ángeles de San Rafael, existan barreras que impiden el paso de las personas en sus vehículos, videocámaras de vigilancia y badenes que obstaculizan y bloquean la entrada a este núcleo de población.
Barreras, videocámaras y badenes controlados por personal de una empresa privada de seguridad que requieren la identificación y lugar al que uno se dirige cuando acceden a Los Ángeles, negándose, en ocasiones, a levantar la barrera en caso de obtener una respuesta negativa a facilitar estos datos.
Videocámaras de vigilancia que controlan las entradas y salidas de los vecinos, visitantes y sus vehículos, grabando las matrículas, desconociéndose quién cuenta con esas grabaciones, quién las visualiza y que uso se les está dando.
Cabe destacar que el alcalde de El Espinar, no sólo esta desoyendo a los vecinos que exigen la retirada de los badenes, sino que no está atendiendo al requerimiento de la Agrupación de Trafico de la Guardia Civil, en el que le informa de los graves problemas de seguridad vial en la citada rotonda de acceso al núcleo y tampoco al de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León- Unidad de Carreteras en Segovia, en el que se indica en cuanto a éstos que dichas bandas carecen de autorización y se informa que la autorización con la que cuenta ese acceso a la carretera estatal puede verse suspendida definitivamente por incumplimiento de las cláusulas de autorización por las que fue concedido.
Si los responsables políticos no asumen sus obligaciones apuntan que habrá que acudir a los tribunales.
