Marta de Pablos / SEGOVIA
Con ello, se da un paso más en el proceso de investigación que mantiene abierto el Juzgado de Segovia. La semana pasada, la fiscalía llamaba a declarar a quienes integraban el Consejo de Administración y el Comité de Retribuciones de Caja Segovia antes de su integración en Bankia.
El juez ha admitido la petición de la fiscalía de que declaren los 17 miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia, en calidad de imputados, por las prejubilaciones de directivos y retribuciones.
La causa de las elevadas prejubilaciones de la entidad bancaria se abría a finales de 2011 a raíz de sendas denuncias presentadas por un particular y por UPyD, que denunciaron que nueve miembros del comité de dirección percibirían en su conjunto entre 30 y 40 millones de euros. El partido magenta, al hilo de la petición de la fiscalía, pedía la semana pasada la dimisión del alcalde de Segovia Pedro Arahuetes, el presidente de la Cámara de Comercio y de la Federación Empresarial Pedro Palomo, el senador del Partido Popular Javier Santamaría y el procurador del Partido Popular Juan José Sanz Vitorio.
En el documento de diligencias previas, como imputados, figuran los nombres del resto de consejeros: Miguel Ángel Vicente, Fernando Aceves, Eduardo Aguado, Manuel Berzal, Bonifacio García, Fidel García, José Pablo Lozoya, María Concepción Monte, Pedro Palomo, Juan Manuel de la Puente, Pedro Arahuetes, Javier Santamaría, José Luis Sanz Merino y Juan José Sanz Vitorio.
Juan José Sanz Vitorio, actual parlamentario del PP en las Cortes regionales, y Javier Santamaría, senador del PP, tendrían condición de aforados. También están llamados a declarar el antiguo director general de la Caja, Manuel Escribano, y Antonio Tapias, exsecretario general de la entidad.
