Pilar de Miguel / SEGOVIA
El Partido Socialista, a través de su portavoz en la Diputación Provincial, José Luis Aceves, ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno de la Institución Provincial, en la que exige al Gobierno de Mariano Rajoy que retire y no tramite el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo
José Luis Aceves, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Segovia
En su comunicación, Aceves recuerda que la Ley de Marzo de 2010 se garantizan los derechos fundamentales y se regulan las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo, mostrándose las debidas obligaciones de los poderes públicos, sin que exista un rechazo social que exija el cambio de esta norma.
Esta Ley, recordó también José Luis Aceves, sustituyó a otra de veinticinco años atrás y, fue elaborada y debatida desde el consenso con la mayoría los grupos políticos y participaron una treintena de expertos en su elaboración Esta Ley reforzó la seguridad jurídica de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, así mismo recoge pronunciamientos del Consejo de Estado, la OMS, el Consejo de Europa y la Unión Europea.
Retroceso y pérdida de derechos
Para el portavoz del PSOE en la Diputación, el Anteproyecto de Ley del PP, supone una pérdida de derechos para las segovianas y las mujeres en general que son empujadas a la clandestinidad. Esta norma solo cuenta con el apoyo de los más extremistas y de la extrema derecha europea, ha dicho Aceves y, afecta a la seguridad jurídica de los profesionales.
Aceves ha explicado que el Anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno, suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado solo en los supuestos de violación y “grave peligro para la vida o la salud”. Esta norma suprime, también, el supuesto de malformación o anomalías fetales incompatibles con la vida que había estado en vigor desde los años 80 del siglo pasado.
Esta Ley supone un grave retroceso de mas de treinta años para la legislación en este ámbito que, sitúa a España como una excepción en toda Europa, después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas con la que se había conseguido reducir el número de abortos en el último año.
Esta Ley, en definitiva, ha provocado un enorme rechazo social, incluso dentro de las filas del propio Partido Popular en el que algunos de sus miembros lo han dicho abiertamente.
