Marta de Pablos / SEGOVIA
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Segovia lleva al pleno del lunes 3 de febrero dos mociones. Una de ellas, insta al gobierno a no avanzar en la tramitación del anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada mientras que no se abra un proceso de diálogo y debate. La otra, pide a la Junta que abone las cantidades que adeuda a las personas en situación de dependencia que tienen reconocida la prestación.
El Ayuntamiento de Segovia inaugura el mes de febrero celebrando pleno ordinario. Comenzará a las 9 de la mañana y entre las mociones que se debatirán dos presentadas por los socialistas. La primera de ellas, en la que solicitan al gobierno a abrir un proceso de diálogo y debate con otras fuerzas políticas que conduzca a una regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo mucho más consensuada, acorde con la sociedad plural y secularizada de hoy, y en consonancia con las legislaciones de los países de nuestro entorno.
Y asimismo, piden que no avancen en la tramitación del Anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada en tanto no se haya consumado el diálogo referido en el punto anterior y alcanzado acuerdos de consenso con otras fuerzas políticas.
El Grupo Municipal Socialista cree necesaria una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo que contemple al menos:
- La seguridad jurídica de las mujeres, la prevención contra los embarazos no deseados, con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, desde la coeducación real y efectiva y la transmisión de valores de igualdad entre hombres y mujeres.
- La combinación racional de los plazos con la regulación específica de determinados supuestos tales como malformaciones, embarazo de menores de edad o violaciones, entre otros.
Por otro lado, la segunda moción, pasa por pedir a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León que abone las cantidades que adeuda a las personas en situación de dependencia que tienen reconocida la prestación de cuidados en el entorno familiar.
Solicita que a todas las personas en situación de dependencia con nivel 2 y grado II o grado III, reconocido antes del 15 de julio de 2012, se les determine la cantidad que les corresponde. Que en el plazo de un mes se les comunique la nueva cuantía que les corresponde y se proceda a iniciar el abono de la misma.
