Marta de Pablos / SEGOVIA
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) que anulaba la modificación fiscal reguladora de la tasa por el servicio de la Estación de autobuses. La sentencia condena al consistorio segoviano a pagar 8.000 euros por costas y compensar al concesionario con 198.000 euros.
El PP de Segovia se pregunta que hasta cuándo vamos a seguir pagando los segovianos las cabezonerías de un gobierno que se gasta cantidades millonarias en presentar recursos carentes de argumentos jurídicos.
Recordamos que en la sentencia emitida por el TSJCYL, en el mes de marzo de 2011, se decía que no se pueden cobrar tasas por la prestación de servicios en una estación de autobuses cuando ésta no está legalizada como tal y, por tanto, no es más que un apeadero de viajeros.
A pesar de la contundencia de la sentencia y de los argumentos inamovibles en los que se ampara, el equipo de gobierno decidió recurrir lo irrecurrible y presentar recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo fruto del empecinamiento de un alcalde que se empeña en que lo blanco puede ser visto como negro, si se presenta un recurso argumentado.
El pasado 3 de febrero, el Tribunal Supremo dictó sentencia fallando en contra del Ayuntamiento de Segovia, desestimando el recurso de casación presentado y condenando al mismo en costas con un precepto de cuantía máxima en reclamación de 8000€.
Recordemos que en marzo de 2007 se adjudicó, mediante un contrato público, la gestión y explotación del servicio público correspondiente a la estación de autobuses y del aparcamiento ubicado en los bajos de la misma, a la empresa Compañía de Aparcamiento Regulado S.A. (CARSA), contrato que finaliza el próximo mes de marzo y en el que se establecía que la empresa cobraría dos tasas, una por la entrada y salida de los autobuses con viajeros y otra por la utilización de los servicios generales de la estación sobre cada billete expedido en todas las líneas, para lo cual se modificaron las Ordenanzas Fiscales.
Esta imposibilidad de cobrar las tasas produjo un desequilibrio económico que debe de ser compensado al concesionario por él Ayuntamiento y que está cifrado en 198.548€.
En los presupuestos municipales para este 2014 no había prevista ninguna partida para hacer frente a esta indemnización y, en aras de evitar el posible desembolso económico, el Gobierno municipal propuso en el pasado pleno compensar económicamente al concesionario con la ampliación de la concesión del parking por un período de 6 años y una subida de las tarifas de rotación del 35,77%.
