Reyes Santos/SEGOVIA
Dos mociones sobre el tema del ibérico y la planta Guascor en Turégano, presentadas por el grupo socialista en el pleno de la Diputación, fueron aprobadas, por coincidir en la retirada de la norma del ibérico, permitiéndose la utilización del término “pata negra” para todas las producciones de la categoría “bellota”. Así como, en defender la continuidad de la planta de Guascor en Turégano. Las otras propuestas del grupo socialista fueron rechazadas.
José Luis Aceves, portavoz socialista en la Diputación de Segovia
El portavoz socialista, José Luis Aceves, se ha mostrado sorprendido por el rechazo de los populares a resolver cuestiones que afectan de forma importante a nuestra provincia como, el traslado de médicos y enfermeros del medio rural a la ciudad, la eliminación de plazas o la amortización de puestos de trabajo que repercuten en la atención y en la calidad de un servicio público básico para los segovianos. No entiende tampoco la falta de apoyo a las medidas contra el tarifazo eléctrico que afecta negativamente a los usuarios, ayuntamientos y empresas agroganaderas. Además, cree que tras el incremento de la cuota fija de la luz, impuesta por el Gobierno de Rajoy, los segovianos deberemos pagar más cara la energía que no consumimos que la consumida. Añade, que al Gobierno no se le ha ocurrido mejor solución para garantizar los ingresos energéticos que el de subir el precio de la energía no consumida, modificando radicalmente la composición del recibo de la luz, hasta duplicar el peso de la potencia contratada en el precio final, lo cual supone, además de un auténtico despropósito en materia de ahorro y eficiencia, una puñalada asestada a la población con menos recursos.También criticó las “políticas de ahogamiento” y el “sinsentido” del PP contra las energías renovables al considerar que “pueden ser proveedoras de la mayor parte de la energía eléctrica” y aludió a los regantes, que están sufriendo “el mayor incremento de la historia de tarifas eléctricas de regadío.
Asimismo, Aceves defendió en el pleno la inconstitucionalidad de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya que invade dicha autonomía local y pidió al PP “que no tengan miedo y apoyen el recurso para que el Tribunal Constitucional decida”. Considera que la Contra-Reforma Local de Rajoy despoja directamente de competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, amenaza con reducir los servicios públicos prestados por los ayuntamientos, que podrían pasar a manos privadas, con la consiguiente repercusión en el bolsillo de los usuarios, y además deja a los ayuntamientos en una “situación de dependencia” o subordinación a otras administraciones, lo que es claramente contrario al texto constitucional. Lamenta que los ciudadanos, sobre todo los del medio rural, serán los grandes perdedores ya que tendrán servicios municipales más caros y menos eficientes, y se dañará la autonomía municipal y la vida democrática local.
