Marta de Pablos / SEGOVIA
El letrado del edificio de la Casa de la Parra, Jesús Tovar, ha señalado que ha recurrido el auto de reposición a la sentencia que anuncia el derribo del inmueble, pero que no van a ir más allá, debido al desgaste económico y social que han venido sufriendo sus clientes desde hace 18 años, por la obcecación de Luis Peñalosa. Además, ha apuntado que hará las reclamaciones patrimoniales oportunas al Ayuntamiento de Segovia.
El letrado Jesús Tovar en los estudios de Radio Segovia.
La reclamación al consistorio es que sus clientes no han hecho ninguna actividad no ajustada a la licencia que otorgó en su día el ayuntamiento y en caso de que la licencia sea ilegal, se tendrá que indemnizar a lo propietarios.
Tovar anota que el auto dice que se derribe la casa porque no se ha justificado por parte de los técnicos municipales la necesidad de construirla. Señala que visto desde fuera, hay que analizar quienes son los responsables de esta situación.
Echando la vista atrás, la licencia se otorgo en 1993. La voluntad del ayuntamiento era cerrar esta manzana, con tal mala suerte que se dio antes de la aprobación del Plan General. En el año 96 una sentencia dictaminó que la licencia era ilegal y que se debe proceder a su derrumbe. Desde entonces, están en lucha para conseguir su legalidad.
Jesús Tovar echa en cara al actual alcalde su incapacidad para aprobar el Plan, porque no lo hizo hasta el 2003. Señala que él no ha sabido resolver el asunto y que no puede decir que es culpa del PP, si hubiese aprobado el Plan General, el problema habría desaparecido. Asimismo, apunta que el alcalde vendió su cargo a IU, aceptando que no se haya llevado a cabo la construcción del parking del Salón y la otra condición llega ahora con la Casa de la Parra. Del mismo modo, ha reprochado la actitud de Luis Peñalosa, es inexplicable y pone de manifiesto su hipocresía, apunta que por qué no reclama las cerchas del Cervantes.
Por su parte, el actual concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, ha declarado para Radio Segovia, que a veces lo legal no es lo justo, y dar una resolución de este tipo 20 años después y que hay 50 familias o personas que adquirieron en su día una vivienda, nos deja una situación complicada e injusta.
Apunta que el Ayuntamiento acatará lo que el juez diga, aunque lo que se le pide a la justicia es inmediatez y no salir después de tanto tiempo con esta sentencia que causa mucho daño. El consistorio no tiene intención de derribar nada pero deberá asumir la sentencia.
