Marta de Pablos / SEGOVIA
El senador Félix Montes, junto al resto de los senadores del grupo presentan una moción en la que reclaman al Gobierno que rectifique su política sanitaria, suprima los copagos, paralice las privatizaciones y facilite la financiación adecuada para evitar recortes en la sanidad rural.
Félix Montes, Senador Socialista.
Los parlamentarios del PSOE lamentan que los presupuestos de sanidad y de servicios sociales han sido objeto de grandes recortes por parte del Gobierno y puntualizan que en algunas regiones se han impuesto reducciones presupuestarias adicionales y copagos. En este sentido, destacan que las consecuencias de estos recortes se reflejan en el deterioro de la prestación de servicios básicos de salud en las zonas rurales, lo que está provocando la alarma y la movilización ciudadana.
La reordenación de la atención primaria anunciada por la Junta supondrá el traslado de 73 médicos y 45 enfermeras, lo que supone la eliminación de 59 plazas de médicos rurales. Además, está prevista la amortización de 53 plazas de médicos como consecuencia de jubilaciones.
Esta reordenación afectará negativamente a los centros de salud rurales afectados por los traslados que verán reducidos sus servicios a favor, en muchos casos, de áreas urbanas. En este punto, aclaran que la necesidad de mejorar los servicios en las zonas urbanas para adaptarlos a las demandas de los ciudadanos no debe producirse de ninguna manera en detrimento de las zonas rurales.
Si atendemos a la zonificación que deberá producirse, la Ley señala que deberá producirse progresivamente en el plazo de los tres años siguientes a la aprobación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, ya sea global o parcial, manteniéndose hasta entonces los servicios públicos prestados por la Administración Autonómica en los mismos lugares en los que radiquen en el momento de aprobarse el mapa.
De esta manera, la reordenación anunciada se produce sin la previa fijación de los estándares mínimos de los servicios autonómicos, sin respetar el plazo de tres años desde la aprobación del mapa de UBOS y vulnerando la garantía establecida en la Ley.
