Marta de Pablos / SEGOVIA
Ante las últimas noticias aparecidas en medios de comunicación relacionadas con Segovia 21, en las que se revelan los nombres de los compradores que se niegan a formalizar la compraventa de las viviendas construidas en el complejo, UPyD Segovia ha mostrado su indignación y exige a los dirigentes del PP y PSOE de Segovia que salgan de una vez por todas a dar la cara ante la ciudadanía por el escándalo en el que ambas formaciones tienen a importantes militantes directamente implicados, y aclaren si estos turbios negocios han sido permitidos y facilitados desde la propia Diputación.
Apuntan que se entiende por qué este asunto siempre ha sido difícil de gestionar para la Diputación. Porque en él se demuestra claramente el nivel de complicidad entre ambas formaciones a la hora de amparar actuaciones de dudosa legalidad como la compra de viviendas con fines exclusivamente especulativos por parte de familiares y otras personas cercanas al anterior Consejo de Administración, en algún caso relacionadas con las cúpulas de estos partidos, como es el caso de los hijos del destacado militante del Psoe Manuel Agudíez (quien, además curiosamente, está vinculado al menos en otra sociedad mercantil con el ex Diputado Nacional por el PP Jesús Merino), empresarios, afiliados y familias ligadas a estas formaciones como Salazar Simpson, o el propio Elías Benatar.
Llama poderosamente la atención la devolución de todas las cantidades entregadas por parte de Segovia 21 dirigida entonces por Atilano Soto y sin ningún tipo de penalización, al empresario Salazar Simpson, se preguntan si es el único. El posicionamiento de todos estos personajes como meros compradores fantasmas, con el exclusivo fin de revenderlas abre graves interrogantes sobre los propios pagos realizados en estas compraventas, y la posibilidad de que éstos contemplasen parte del mismo en dinero B. Por ello UPyD insiste al presidente de la Diputación que haga públicos todos los datos y contratos que obran en poder de la mercantil Segovia 21 con el único fin de arrojar luz sobre la gestión de una empresa que se creó, se financia y se ha financiado con dinero público.
