María Yagüe Solís / SEGOVIA
De aplicarse definitivamente la reforma que plantea el Ministerio de Justicia, un total de 209 municipios de Segovia, pertenecientes a 14 agrupaciones de Paz, dejarán de prestar el servicio de Registro Civil. CSI-F pide a los ayuntamientos que presenten mociones para su mantenimiento.
Registro Civil de Segovia
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha pedido a los ayuntamientos de Castilla y León que presenten mociones de apoyo al mantenimiento de los Registros Civiles, que desaparecerán, de aplicarse la reforma planteada desde el Ministerio de Justicia.
La reforma contempla el traspaso de las competencias del servicio de los Registros Civiles a los registradores de lo Mercantil. De este modo desaparecerá un servicio que se presta en la comunidad desde 1.870
En Segovia, un total de 209 municipios, pertenecientes a 14 agrupaciones de Paz dejarían de prestar este servicio, y CSI-F prevé que unos 35 funcionarios podrían verse afectados por las medidas. El números de municipios afectados se eleva a 2.250 y a unos 500 funcionarios, si hablamos de Castilla y León.
Según CSI-F estas medidas entorpecen el acceso de los ciudadanos al Registro Civil, un servicio concebido para las personas y no para las cosas como es el caso del Registro Mercantil. Además, la confidencialidad queda garantizada en una justicia independiente.
CSI-F también teme que la gratuidad del servicio se vea afectada. En palabras de la responsable autonómica del sector de Justicia de CSI-F Castilla y León, María Jesús Zamorano “aunque en este momento el Ministerio lo niegue, posiblemente, se establecerán futuros aranceles que recaerán en los bolsillos de los ciudadanos”.
Todo ello, es fundamento para pedir a todos los ayuntamientos de la comunidad que presenten sus mociones para el mantenimiento de los Registros Civiles dependientes del Ministerio de Justicia.
Desde CSI-F han adelantado que desde el mes de septiembre, habrá movilizaciones y actuaciones para defender la continuidad del Registro Civil, para terminar, previsiblemente, con una huelga en los registros civiles de España, que se convocará con otros sindicatos.
De manera paralela a esta campaña de movilizaciones, contra la privatización del Registro Civil, CSI-F va iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo, para promover un recurso de inconstitucionalidad contra esta decisión.
