María Yagüe Solís / SEGOVIA
Los socialistas cifran en mil los asuntos menos que se han registrado en el año 2013. Consideran que el nuevo ministro de Justicia tiene tres tareas urgentes: derogar las tasas, retirar el proyecto de ley de justicia gratuita y renunciar a la desaparición de los partidos judiciales.
Tras la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, los socialistas segovianos han hecho un nuevo balance sobre las consecuencias de sus medidas en la provincia de Segovia. De entrada, piden al nuevo ministro tres acciones urgentes: derogar las tasas, retirar el proyecto de ley de justicia gratuita y renunciar a la desaparición de los partidos judiciales.
Según el PSOE de Segovia, con la aplicación de la ley de tasas judiciales, los asuntos presentados en nuestra provincia han disminuido en mil durante el año 2013.
Los socialistas critican que las tasas han creado ciudadanos de primera y de segunda según tengan o no dinero para defender sus derechos ante los tribunales. En esta línea, Juan Luis Gordo, secretario general del PSOE en Segovia, denuncia que esta ley vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y ha recordado que “por ejemplo es necesario pagar 168 euros por divorciarse si no hay acuerdo y 500 euros por recurrir a un despido; y si se quiere llegar hasta el Tribunal Supremo, asciende a 1.200 euros, cantidad nada desdeñable para tantas familias y ciudadanos, sobre todo para quienes están pasando por más dificultades económicas”.
Además, a esto hay que sumar, dice Gordo, las bases de la nueva justicia gratuita que, según afirma, “deja fuera a un número importante de ciudadanos y busca beneficiar a los grandes despachos”. Así, el diputado ha defendido una financiación adecuada para garantizar la justicia gratuita en contra de la incertidumbre que provoca el proyecto de ley.
Por último, en cuanto a la desaparición de los partidos judiciales, Gordo ha asegurado que es aún más preocupante para una provincia como Segovia con una población envejecida y dispersa y, en ocasiones, con dificultades para trasladarse fuera de su pueblo o cabecera de comarca. “Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario a facilitar la tutela judicial”, concluye Juan Luis Gordo.
