María Yagüe Solís / SEGOVIA
La solución definitiva pasa por la construcción de un edificio de justicia, cuyo proyecto sigue en marcha. El objetivo de estudiar una solución transitoria es paliar el problema de la dispersión de sedes hasta que éste se inaugure.
El proyecto de emplazamiento del nuevo edificio judicial que albergará todas las sedes judiciales sigue en marcha, de hecho cuenta con una partida inicial en los Presupuestos Generales del Estado. El problema es que durante el tiempo que tarde éste en construirse la justicia segoviana sigue manteniendo los mismos problemas ante la dispersión de las sedes de la Audiencia Provincial.
Por ello, en la reunión mantenida entre los Senadores del Partido Popular de Segovia, Javier Santamaría, Paloma Sanz y Juan Ramón Represa, con el Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando Echevarría, se han estudiado las posibilidades de encontrar una solución transitoria.
Por otra parte, también han analizado diferentes reformas de leyes trascendentales como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Demarcación y Planta. Los senadores han apostado por el mantenimiento de las actuales sedes judiciales existentes en la provincia, independientemente de la creación de los tribunales de instancia, y todo ello, dicen, en función de las características territoriales, poblacionales y de comunicación, primando la proximidad del servicio a los ciudadanos.
Los populares también han destacado el compromiso adquirido por el Ministro de Justicia para plantear en breve una revisión de la conocida como “Ley de Tasas”.
La reforma del Código Penal, el Proyecto de Ley de Reforma de las Administraciones Públicas y del Registro Civil, el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria y los de medidas en materia concursal y de Reforma de la Ley Hipotecaria, han sido otros de los temas que han abordado.
Para concluir han anunciado un permanente contacto, que posibilite el conocimiento por parte de los senadores de las opiniones del sector judicial en la provincia, para de esta forma, poder trasladar al Ejecutivo Central dichas peticiones a través de las iniciativas parlamentarias que estimen oportunas.
