María Yagüe Solís / SEGOVIA
Dicho recurso fue interpuesto por el Grupo Municipal Popular e inadmitido por el Consistorio al considerar que no existían indicios. Los populares defendían la existencia de un informe técnico que no se tuvo en cuenta, en el que se determinaba la existencia de “hechos probados” de índole laboral, de normativa higiénico-sanitaria, de seguridad y de incumplimiento de contrato.
El Juzgado Contencioso Administrativo ha dictado una Sentencia que estima totalmente la demanda formulada por el Grupo Municipal Popular (GMP) y declara anulado el acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Segovia (IMD), el 29 de julio de 2014. Dicho acuerdo inadmitía un recurso interpuesto por los populares contra el archivo del expediente abierto a la empresa SIMA DEPORTE Y OCIO SL, empresa que gestionaba la piscina cubierta José Carlos Casado.
El IMD archivó dicho expediente porque consideró que no existían indicios concluyentes que demostraran la existencia de irregularidades en el contrato de gestión de la piscina. Sin embargo, el GMP observó que no se había tenido en cuenta un informe técnico previo a la instrucción según el cual existían indicios de incumplimientos del contrato administrativo de gestión y que consideraba la existencia de “hechos probados” de índole laboral, normativa higiénico-sanitaria, de seguridad e incumplimientos del pliego de condiciones y contrato administrativo de la concesión. Por ello, los populares interpusieron el recurso contra el archivo, recurso que el IMD inadmitió y que ahora el Juzgado ha considerado necesario resolver. Así, la Sentencia, además de condenar en costas por mitad al ayuntamiento y a la empresa, obliga al gobierno municipal a retrotraer las actuaciones al momento anterior a la resolución de fecha 29 de julio de 2014.
Además, el recurso planteaba la recusación del entonces vicepresidente del IMD y concejal socialista, Javier Arranz, por haber actuado de forma desleal a los intereses del IMD, aconsejando al concesionario expedientado.
Según los populares esta sentencia pone de relieve los obstáculos continuos, que el grupo socialista ha opuesto a la depuración de las responsabilidades por los indicios de graves incumplimientos en las condiciones de explotación que desarrollaba dicha empresa durante la concesión.
